Regulación Político-Criminal De las Epidemias En El Estado de México

En un contexto social tan divergente como el nuestro, la actividad política se enriquece con la participación activa de sus miembros. Y es así que, actividades de integración y consulta, como lo fue el Parlamento Abierto celebrado a lo largo de la segunda mitad del 2021 y organizado por diputados y diputadas del H. Congreso local del Estado de México evidencian el compromiso político del congreso mexiquense por legitimar y refrendar su labor institucional. 

Durante las actividades realizadas, se desarrollaron foros a través de los cuales se presentaron propuestas muy diversas. El sentir mexiquense se apoderó de las sesiones. La hegemonía cultural se hizo manifiesta con cada consenso y disenso expuesto por cada uno de los intervinientes.

Tocado el turno de mi intervención, expuse lo que, a mi parecer, urge establecer en el marco jurídico del Estado de México, esto es: una regulación político-criminal  de las epidemias en el Estado de México. 

Como es conocido por muchos, en un contexto de excepción como el que actualmente nos aqueja por el COVID-19, por mandato constitucional el gobierno federal —a través de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General—  asume el mando de coordinación político-administrativo por encima de la soberanía de las entidades federativas. Al hacerlo, la Federación emite las medidas de prevención y contención que resulten ser apropiadas para abatir los efectos de la emergencia epidemiológica. 

Esto, a la letra, parece ser sencillo y muy claro. Sin embargo, la  realidad nos dejó ver que en un país como el nuestro en donde las fuerzas políticas y sus diferencias ideológicas se superponen al Derecho la cosa no es tan fácil. Puesto que, a decir vedad, la falta de coordinación política fue un factor determinante en el desbordamiento de contagios más que la propia imprevisibilidad del fenómeno emergente. 

La bandera política guinda no logró conciliar intereses con la bandera tricolor ni con la azul. Esto se tradujo, a final de cuentas, en un menoscabo para la ciudadanía gobernada por los partidos opositores y, ultimadamente, de la población mexicana. Así lo demuestra la estadística internacional que nos posiciona como el cuarto país con mayor mortalidad por COVID-19.

Ante escenarios como este, en donde se advierten vacíos institucionales, las conductas antisociales emergen. Una de las conductas que he podido identificar, es  el incremento discrecional en el costo de los insumos médicos (tal como sucedió con los abastecedores de oxígeno). La autoridad mexiquense no puede ser omisa y debe establecer, desde su trinchera y en el marco de sus competencias, mecanismos jurídicos de control y reacción que permitan atender oportunamente estos riesgos conexos a la contingencia desde el ámbito local. Sin la anuencia ni la dependencia del gobierno federal.

Por ello, se planteó una iniciativa cimentada sobre tres ejes:

- Agregar una fracción a las obligaciones constitucionales del gobernador del Estado de México: Que el ejecutivo local, como máximo representante de la soberanía mexiquense, exhorte al ejecutivo federal para que, en un contexto de epidemia, determine los "insumos médicos necesarios para combatir la epidemia" y los califique como bienes sujetos a precios máximos para que, en consecuencia, la Secretaria de Economía realice lo propio al establecer el precio máximo de los mismos.

- Agregar una atribución a los ayuntamientos del Estado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México: Tomando en consideración que estos asumen un papel determinante en materia de proximidad social, su actuación se vuelve imprescindible. Por ello, se propone la creación de un consejo vecinal (sujeto al ejercicio presupuestal último) que tenga por objeto coadyuvar y divulgar el entramado de políticas adoptadas por la federación.

- Agregar un tipo penal al Código Penal del Estado de México: Se propone la creación de un tipo penal que sancione a quien ofrezca o venda "insumos médicos necesarios para combatir epidemias" fuera de los precios máximos establecidos por la SE. Con una pena de prisión susceptible a ser materia de mecanismos alternos de solución al conflicto, como lo es la suspensión condicional del proceso (pues se busca recomponer el tejido social, no criminalizar). Además de considerar una agravante en la pena si el sujeto activo es profesional de la salud.

Lo anterior, no es más que un esfuerzo aislado por aportar a la comunidad mexiquense. Nuestra autoridad debe actuar y anticiparse a fenómenos similares pues ya la comunidad científica nos dejó muy en claro que la zoonosis (fenómeno sanitario a través del cual una enfermedad o infección de algún animal vertebrado se transmite al hombre) aumentará en la medida en que los humanos sigamos explorando y explotando los distintos ecosistemas.

Por: César I. Bautista Gómez

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